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REFORMA LABORAL
Por: Víctor Jiménez
Las reformas estructurales buscan incrementar el capital, pauperizando las condiciones de vida; es decir, hacer más eficiente la explotación y seguir acumulando ganancias. De esta forma se abarata la fuerza de trabajo, encarecen la fuerza liberal, al emplear por horas a los trabajadores, y la consecuente generación de ganancias sobre ganancias para los empresarios.

En México, desde los años 80’s, estas reformas las han implementado los partidos de derecha: el PAN y el PRI, sumándose otras franquicias como el Partido Verde Ecologista y el Panal, sin soslayar la aportación de ciertos personajes de la burocracia partidista de izquierda enquistados en el PRD (llámese “los chuchos”).
Las famosas e impuestas reformas estructurales, dictadas desde los centros financieros mundiales, pretenden dar un golpe devastador al bienestar de las familias trabajadoras empobreciendo los bolsillos de millones de mexicanos. Esta pretensión nunca ha cedido. En el sexenio de Fox esta iniciativa tomó forma en la llamada ley Abascal, y en este sexenio, el provocador del PAN que dirige la Secretaría del Trabajo, Jaime Lozano, ha sido el encargado de continuar con esta tarea. A diferencia de otros tiempos, la envestida es franca y sin tapujos lo que se pretende es la precarización del trabajo; se trata a fin de cuentas, de desregular la contratación de la fuerza laboral, reducir sus prestaciones sociales y eliminar hasta donde sea posible sus armas de defensa (huelga, contratación colectiva etc.).
La insaciable voracidad de los núcleos del poder no parece tener fin y por tal motivo, irán sin descanso ni tregua en contra de los sectores más desprotegidos, en este caso los trabajadores de este país, pues del total de la fuerza laboral el 80% no se encuentra sindicalizada y del 20% restante un 15% son sindicatos blancos o de protección, sólo un 5% de la fuerza laboral se encuentra organizado sindicalmente.
La desventaja es mucha contra la escalada que empresarios, partidos y núcleos de poder están llevando a cabo.
Es necesario señalar el porqué del empeño en estos momentos de esta reforma y la respuesta es que, el PRI está preparando su retorno a Los Pinos y es el momento de allanar el camino para ello; poniendo en charola de plata a los trabajadores, para beneficio de los empresarios y con ello ganarse a este sector poderoso económicamente y así, ganar su voto en la próximas elecciones para la presidencia de la República. Esto es sólo una prueba de buena voluntad de lo que les espera a estos poderosos sectores si dan su apoyo a su candidato Peña Nieto y por consiguiente, es una muestra de lo que nos espera a los trabajadores si el PRI llega nuevamente a Los Pinos. De hecho, la iniciativa del PRI fue consensuada con los empresarios y con el PAN, quienes al ser mayoría en el Congreso, pretendieron utilizar el llamado fast track y aprobar esta iniciativa antes del último día de abril.
Afortunadamente algunos sectores de ese 5% sindicalizado como el STUNAM, UNT, CNTE, SME, sectores campesinos, pilotos de Mexicana, marcharon para mostrar su rechazo a dicha ley y con ello impidieron, de momento, que no se aprobara esta iniciativa que hubiera significado un retroceso mínimo de cien años, en cuanto a derechos laborales se refiere, pues se pretendía:
1.- Imponer el pago por horas (un trabajador de medio tiempo solo ganaría $29 diarios).
2.-Los trabajadores estarían sujetos a periodos de prueba hasta 6 meses, lo que permite al patrón despedir sin ninguna indemnización.
3.- Se abre la puerta a la sub contratación, con los famosos OUTSOURCING (empresas dedicadas a administrar recursos humanos), al que acuden las empresas para quitarse responsabilidades de contratos. Esto se llama terciarización donde no hay contratos colectivos, el pago es a destajo, no se paga uniforme, herramienta, prestaciones, seguros; los contratados no generan antigüedad; es decir, abaratamiento de la fuerza de trabajo.
4.- Se restringe cada vez más el derecho de huelga y la libre contratación. Esto es, el derecho del trabajador a formar un sindicato, a pertenecer al que prefiera. Con la nueva ley lo máximo que se pagará en salarios caídos por un proceso de huelga son sólo 30 días, aunque el conflicto generado por la empresa, no se resuelva en ese tiempo o dure años.
En suma los más de 200 artículos de la Ley Federal del Trabajo que se pretenden modificar ponen en la indefensión a la clase trabajadora y a los empresarios como los grandes beneficiarios de esta reforma.
Por lo anterior hacemos un llamado a los trabajadores de este país para rechazar esta iniciativa de PRI-AN, a manifestarnos contra ella pues tendría repercusiones muy serias y aumentaría la miseria de los trabajadores. Llamamos a los jóvenes, desocupados, estudiantes, maestros, trabajadores del campo, de la cultura, a todos los mexicanos que quedaremos al arbitrio del neoliberalismo y la indefensión social. Nos sumamos rotundamente a este rechazo y nos unimos a la luchas por un sindicalismo democrático e independiente.
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