El Estado mexicano, a cien años de la revolución ha fracasado en su intento de ser social, democrático, republicano y federal. En todo caso, ha sabido distribuir entre las camarillas ya conocidas el erario público, y sostener los procesos de organización social afines a los vaivenes electorales.
Los gobernados esperan con los brazos extendidos que caigan las buenas nuevas provenientes de los especialistas en gobernar, sin embargo, los que gobiernan  han aprendido a hacer uso del aparato de Estado apoderándose de ciertos medios de coerción, como el control total del poder judicial y sus magistrados, que ya no imparten justicia, sino la  reparten de acuerdo al nivel de poder de quien se los pide.
Los “especialistas en gobernar” se apropian de la violencia física para sostenerse en el poder político: armas cada vez más perfeccionadas, armas sofisticadas que igualmente las tienen los narcotraficantes, el ejército o los paramilitares. Estos malos gobernantes también ejercen la violencia económica para que al hincar el diente sobre los contribuyentes y los asalariados, los empobrecidos no puedan levantarse en pie de lucha, sino se acostumbren a hacerse pequeños frente a la institución y al mercado de capitales.
El Estado existe porque existen clases que dominan sobre otras, que necesitan del aparato de gobierno para mantener sus capitales y poder. El Estado, como aparato que sostiene la desigualdad, no ha fallado al usar los medios de la violencia, pero sí ha fallado al intentar sostener  a “los mismos” en esas sillas de autoritarismo y al mismo tiempo hacerlos que aparezcan como “legítimos”.
Lo podemos ver en la descentralización de los poderes del narcotráfico, que emergen multiplicados después de la recaída del PRI, perdiendo con ellos el medio de control central, que tuvo sus años gloriosos en la década de los ochentas y noventas. Ahora los nuevos reyes emergen con la disposición de acaparar terreno, tal y como las grandes transnacionales les han enseñado (corre el ejemplo de las petroleras mundiales); se disputan la riqueza de recursos y toda la bondad trabajada por los que no tienen otra cosa que vender más que su fuerza de trabajo. Todos los que buscan ser reyes se están disputando a muerte el poder, vemos el secuestro de Diego Fernández, como un recurso para manipular poderes a nivel nacional.
El Estado falla porque de entre esas fracturas del poder centralizado, también emergen nuevas comunidades sociales y políticas que hacen recuperar el aliento a los desprotegidos y desesperanzados. Organizaciones comunitarias autogestivas y liberadas de la mala política, son los lugares a donde la gente se está acercando; aprendiendo a recuperar su sentido ecológico y a reconciliarse con su entorno físico y social. Haciendo uso de las enseñanzas de los viejos sobre su propia cultura, y sin querer acaparar más de lo que pueda ser útil para la comunidad.
De todos los tipos de violencia en este sistema, enfatizamos con este periódico nuestro rechazo insurgente a las violencias más actuales, como la violencia brutal en  contra  de comunidades indígenas azoradas por el narcotráfico y el paramilitarismo, como Copala; o el fuero soterrado del ejército, que ha asesinado civiles y que ha “legalizado” su estancia cotidiana en las calles. Pugnamos por el boicot a los medios de comunicación que perviven para provocar el miedo sistemático en las masas o la violencia económica a través de la reforma laboral que intenta dejar sin contratos ni prestaciones a los actuales trabajadores, y sin pensiones a más del 80% de los que ahora jóvenes, serán dentro de algunos años viejos, desempleados y pobres.
De todos estos tipos de traiciones a la patria emergieron los libertadores; de las luchas de los sumisos se logró hacer débiles a los opresores. De esta necesidad de libertad se viven las más hermosas experiencias; de los más sinceros reconocimientos en la historia, las más profundas enseñanzas.
Acércate a la lucha por el reconocimiento, ejercicio y transformación de los derechos de l@s mexican@s. Contra la criminalización del ejercicio transformador y a favor de una forma de vida más ecológica, comunitaria y solidaria.

A 100 años de la Revolución y a 200 de la independencia, ¡Viva la lucha social mexicana!

Por la ECP de la OPC-CLETA 
Si no hay comida cuando se tiene hambre,
si no hay medicamentos cuando se está enfermo,
si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas,
la democracia es una cáscara vacía,
aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento.
Nelson Mandela, Ushuaia, julio de 1998

A partir del pasado 4 de julio y hasta el mes de noviembre de este año se realizarán elecciones en 15 Estados de la República Mexicana, en los que unos cuantos partidos políticos disputarán 10 gubernaturas, 451 diputaciones locales y 1481 municipios.

Las elecciones del 4 de julio representaron, antes que nada, un enorme gasto de recursos públicos, provenientes de los impuestos que todos los mexicanos pagan consciente o inconscientemente: el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) decidió en febrero pasado otorgar a los partidos políticos –con registro- más de 3 mil 633 millones de pesos en fondos públicos de los cuales 2 mil 731 millones son para financiamiento, 819 millones para gastos de campaña y casi 82 millones para gastos específicos de capacitación política, investigaciones socioeconómicas y tareas editoriales, según se dice. El tope a los gastos de campaña para cada candidato a diputado se fijó en poco más de 812 mil pesos.
Dicho dinero permite la sobrevivencia de los partidos políticos, que a lo largo de los años se han quitado sus máscaras de organizaciones con principios e ideologías para mostrarse como meras empresas políticas que se enriquecen del erario, sin bases sociales, y con el único objetivo de ocupar, mantener y dirigir los espacios de poder estatal.
Fruto de esta pérdida de representatividad y de principios han sido las recientes alianzas entre partidos que en otras circunstancias se habían mostrado como contrincantes. Es el caso de la coalición entre PAN-PRD-PT-Convergencia para apoyar a Gabino Cué (expriísta de corazón) virtual triunfador de los comicios para la gubernatura de Oaxaca y contra el candidato del represor y asesino priísta Ulises Ruíz. Algo similar ocurrió con la alianza entre el PAN-PRD-PT-Convergencia por la gubernatura de Durango para intentar ganarle a sus “rivales” priístas.

En la lucha por mantener o recuperar los espacios del poder estatal, los partidos han recurrido a la llamada guerra sucia en la que se intervienen teléfonos, se abren expedientes, en suma, se abre la cloaca de los partidos en el poder. Gracias a esta “guerra” hoy podemos corroborar con inusitadas pruebas, que las televisoras y periódicos mantienen acuerdos ocultos de publicidad con los gobiernos en turno, jerarquizando los espacios de información con base a perfiles electorales negociados.

Gracias a esta “guerra mediática” han sido los mismos partidos quienes demuestran con pruebas como los gobernadores en turno usan los programas de desarrollo social y económico para hacer proselitismo electoral, como en el caso del gobierno de Peña Nieto, de Calderón, etc.

Esta corrupción de los partidos, del poder estatal y la reducción de las elecciones a una mera campaña mediática, están generalizando un “desencanto” del proceso electoral entre la población. Prueba de esto fue un sondeo realizado en meses pasados por la empresa Berumen y Asociados acerca de la percepción de los mexicanos del sistema democrático en México, que indica que el 69% se siente insatisfecho o totalmente insatisfecho con su democracia, el 56% la considera inestable o muy inestable, siendo el abuso de poder, el incumplimiento de promesas y la corrupción los principales fallos del sistema democrático.

Por si fuera poco la guerra contra el narcotráfico sigue ocasionando efectos colaterales más terribles que la misma adicción que busca detener. La violencia y corrupción del narcotráfico se han vuelto el telón de fondo de las elecciones, y la violencia militar la única respuesta. En ese sentido el pasado 4 de julio en los estados donde hubo elecciones la Secretaría de Gobernación sacó a las calles a más de 34 mil policías federales, además de miles de soldados, siguiendo la misma maniobra que las dictaduras de derecha usaran para amedrentar a su población.

Como si se tratara de una burla atroz, nuestro país celebrará su bicentenario en el contexto de unas elecciones onerosas, infiltradas y ensangrentadas por el narco, y con el único fin partidista de repartirse el botín del poder estatal. Esta es la imagen de la democracia entendida sólo como un proceso electoral, que le importa muy poco las condiciones de justicia cultural, económica y política, y que la afirma, en palabras de Nelson Mandela como “una cáscara vacía”.